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Marcha pacífica se tiñe de violencia tras desconvocatoria; 13 detenidos y 28 agentes heridos en enfrentamientos con encapuchados

Miles de personas se congregaron en el centro de Barcelona para alzar la voz contra la crisis habitacional que azota a la ciudad y exigir la convocatoria de una huelga general como medida de presión. La movilización, que transcurrió en calma durante gran parte de su recorrido, buscaba visibilizar la urgencia de políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos. Sin embargo, la tensión escaló minutos después de que la marcha fuera oficialmente desconvocada, cuando grupos de encapuchados comenzaron a alterar el orden, lanzando botellas de vidrio, adoquines y otros objetos contundentes contra las fuerzas de seguridad.

Los Mossos d’Esquadra, cuerpo policial catalán, reportaron que los disturbios se extendieron rápidamente por zonas emblemáticas como La Rambla y la plaza de Catalunya, donde una acampada vinculada al reclamo por la vivienda se había convertido en punto de reunión para manifestantes y simpatizantes. Los agentes, que intentaban contener la violencia, se vieron obligados a realizar cargas policiales y emplear balas de foam para dispersar a los agresores. El saldo preliminar dejó 13 detenidos, entre ellos una menor de edad, y 28 agentes con heridas leves, según datos oficiales. Las autoridades trabajan para identificar a los responsables de los actos vandálicos, mientras algunos manifestantes reprocharon a los encapuchados por manchar el espíritu legítimo de la protesta y utilizar espacios simbólicos como la acampada para generar caos.

La situación generó un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión y el derecho a la manifestación en Cataluña. Mientras los organizadores de la marcha repudiaron los disturbios y llamaron a la reflexión, sectores políticos y sociales exigieron a las autoridades garantizar el orden público sin criminalizar a los miles de ciudadanos que protestaban pacíficamente. El gobierno local, por su parte, se comprometió a evaluar las demandas sociales que dieron origen a la movilización, aunque advirtió que no tolerará la violencia como método para imponer agendas. La ciudadanía, dividida entre la indignación por la crisis habitacional y la condena a los actos vandálicos, sigue a la espera de respuestas concretas que alivien la situación.

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