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Autoridades dominicanas advierten sobre la grave crisis de seguridad en Haití, donde grupos armados imponen su ley en la capital y en las rutas de acceso.

El ministro de Defensa de la República Dominicana, Carlos Antonio Fernández Onofre, alertó sobre la alarmante situación de seguridad en Haití, donde entre el 80 % y el 90 % del territorio de Puerto Príncipe se encuentra bajo el dominio de bandas armadas. Estas agrupaciones no solo ejercen control sobre vastas zonas de la capital haitiana, sino que también dominan las vías terrestres de acceso, imponiendo peajes ilegales a vehículos y ciudadanos que intentan entrar o salir de la ciudad. Según el funcionario, este escenario refleja una profunda crisis institucional y un colapso del orden público, donde la ley la imponen grupos al margen de la legalidad, generando un clima de incertidumbre y violencia que afecta tanto a haitianos como a la estabilidad regional.

Las declaraciones del ministro ponen en evidencia la gravedad de la crisis humanitaria y de seguridad que atraviesa Haití, donde la presencia de bandas armadas ha paralizado la vida cotidiana en la capital. La imposición de impuestos ilegales en carreteras y puntos estratégicos no solo limita la movilidad de la población, sino que también obstaculiza la distribución de alimentos, medicamentos y ayuda humanitaria, agravando la crisis. Fernández Onofre destacó que esta situación trasciende las fronteras dominicanas, ya que el flujo migratorio y los efectos colaterales de la inestabilidad impactan directamente a República Dominicana, que mantiene una frontera terrestre compartida con Haití. La comunidad internacional, por su parte, observa con preocupación este deterioro, que amenaza con extenderse a otros países de la región.

Ante este panorama, las autoridades dominicanas han reforzado los protocolos de seguridad en la frontera y mantienen una vigilancia constante sobre la evolución de la crisis. Sin embargo, la solución a este conflicto requiere un enfoque integral que incluya tanto el fortalecimiento institucional haitiano como el apoyo de organismos internacionales para restaurar el Estado de derecho. Mientras tanto, la población haitiana sigue siendo la más afectada, viviendo bajo el yugo de la violencia y la falta de oportunidades. La comunidad global, incluyendo organizaciones de derechos humanos, ha instado a tomar medidas urgentes para proteger a civiles y evitar que la anarquía se profundice en el país caribeño.

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